En un mundo utópico todo el mundo tendría que tener el tratamiento médico que necesitara para mantener la mejor calidad y cantidad de vida. Sin embargo la realidad es muy distinta y muchos pacientes que tienen que ser transplantados no pueden disponer del órgano necesario. ¿Tiene el mismo derecho quien ha destrozado su hígado con la bebida que cualquier otro paciente? ¿Cómo se hace el reparto de algo tan preciado y escaso? ¿Qué criterios son éticamente más válidos para tomar las decisiones?
Una revista americana, «Archives of Internal Medicine», ha planteado esta cuestión a dos especialistas en transplantes, uno de ellos americano y el otro británico que han argumentado cómo creen ellos que se debería plantear el reparto de los órganos a la hora de hacer el transplante, qué hay que tener en cuenta y las políticas más adecuadas a seguir. Mientras uno creee que no debería existir ninguna restricción, el otro opina que los pacientes deberían ser seleccionados «a priori».
Un transplante de hígado cuesta más de 250.000 euros, en noviembre del 2002 había 17.582 personas en EE.UU en lista de espera y el año anterior hubo sólo 4.436 hígados de cadáver disponibles para transplantes más 516 de donantes vivos. En el año 2001 casi 2.000 personas fallecieron en ese país en la lista de espera para transplante. Pese a las técnicas recientes que utilizan sólo partes de hígado, pudiendo compartir un solo órgano para 2 pacientes, es evidente que hay muchos más pacientes que órganos disponibles. ¿Qué debemos hacer?
El Dr Neuberger, de la Unidad de Hígado del Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, opina que la clave está en elegir bien a quien se debe poner el órgano. Médicos, especialistas en ética y representantes del público deben opinar sobre las prioridades al hacer el transplante. Existen diferentes criterios que pueden ser utilizados: elegir a los pacientes en los que se maximice el coste/beneficio (aquellos que tengan más posibilidades de responder bien al tratamiento), elegir a los individuos socialmente más rentables, utilizar la táctica «el primero que llegue»… etc.
Está claro que todos los pacientes deben tener igualdad de oportunidades independientemente de su sexo, raza, religión, nivel económico o tendencia política. Pero el principio de igualdad no impide racionalizar los beneficios, y no todo el mundo se beneficia por igual. Los pacientes con enfermedades más avanzadas o de mayor edad o con otras patologías tienen menos posibilidades de sobrevivir tras el transplante por lo que, teniendo en cuenta que no hay para todos los que lo necesitan, se podría seleccionar a priori de forma más estricta los pacientes candidatos a transplante. ¿Ser seleccionado para el transplante y morir esperando es más duro que ser rechazado?.
El principio de utilidad es distinto que el de igualdad, la utilidad implica que aquellos que van a obtener el mayor beneficio sean los candidatos. Esto permitiría reducir el número de pacientes en la lista de espera. Se puede establecer un modelo matemático que prediga la posibilidad de sobrevivir tras el transplante y aquellos que tengan más posibilidades sean los elegidos. Los criterios elegidos tienen que ser objetivos y aceptados por todos y no considerar aspectos discriminatorios como la edad, el sexo, la religión…
El Dr Douglas de la Clínica Mayo, en Phoenix, EE.UU, plantea la cuestión desde otra perspectiva: la realidad nos está diciendo que existen discriminaciones a la hora de elegir a los pacientes que reciben un transplante, y que el sexo, la religión y la raza sí están siendo factores determinantes a la hora de que un paciente reciba un órgano. Cualquier modo de selección, según la opinión de este experto, va a acabar siendo discriminatoria, por lo que la pre-selección estricta no es una buena opción.
¿Cuál es la solución? Aumentar la disponibilidad de órganos: si todos los países, opina este médico, consiguieran tasas de donación similares a las que se dan en España, el problema se reduciría considerablemente. Los esfuerzos de las autoridades y de las Organizaciones del Transplantes deben centrarse en obtener mejor respuesta de la ciudadanía a la hora de donar sus órganos. Usar criterios como la posibilidad de pagar el transplante, la contribución que el paciente hace a la sociedad, la posibilidad de que el paciente no haga bien el tratamiento, cómo ha contribuido el individuo a tener ese estado de salud (si es cirrótico porque ha bebido, si tiene un problema cardiaco porque ha fumado etc), o el gasto que ha hecho previamente al seguro médico son inadmisibles para este autor.
La posiblidad de beneficiarse del tratamiento, cómo va a mejorar su calidad de vida, cuánto va a durar el beneficio, la urgencia en la necesidad del órgano y la cantidad de recursos necesarios para hacerlo, si podrían factores a tener en cuenta.
Pero incluso en un país con una alta tasa de órganos puede existir problemas de disponibilidad, entonces ¿debe restringirse el acceso al órgano a los pacientes con menos recursos? ¿Es lícito creer que un alcohólico no se merece tanto un hígado como una persona que adquirió la hepatitis en una transfusión de sangre? ¿Debe valorarse lo que ha pagado a la Seguridad Social un paciente para ver si se merece el órgano? Todas estas cuestiones están pendientes de ser contestadas.
