Tal y como sucede con los presos en las cárceles, la droga también estaba «hacinada» en las salas de custodia de evidencias de los organismos policiales venezolanos.

Hace 20 años, cuando las incautaciones de drogas en un año apenas llegaban a cientos de kilogramos, los alijos eran guardados, por mandato de los jueces de instrucción, en las bóvedas del Banco Central de Venezuela o en locales especiales de las policías.

Pero con el incremento en las cifras de decomisos el resguardo de los alijos se tornó en un problema. La droga tenía que permanecer en custodia hasta que se ordenara su incineración, y esto, generalmente, ocurría cuando se llegaba a una decisión «definitivamente firme» en la Corte Suprema de Justicia.

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, la situación se agravó, pues fueron derogados todos los procedimientos especiales establecidos en la normativa antidrogas para la destrucción de los alijos. Entre 1999 y 2001 los jueces se negaron a ordenar las incineraciones. Las drogas fueron acumulándose hasta generar una emergencia.

La tentación para los funcionarios policiales tuvo consecuencias inmediatas. Desde 1999 se han reportado desapariciones de alijos en el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y en unidades operativas de ese componente, así como también en distintas dependencias de la policía científica y en sedes policiales regionales y municipales.

En septiembre de 2001, el Tribunal Supremo de Justicia estableció las primeras pautas para la destrucción de los cargamentos decomisados. Pero no fueron aplicadas con regularidad debido al cuestionamiento del Ministerio Público, que las consideraba «inviables». Este despacho solicitó dos reformas a los procedimientos, hasta que en 2005 se llegó a un acuerdo definitivo.

A la hoguera

Desde 2004 hasta el presente las autoridades han destruido 150 toneladas de sustancias psicotrópicas en todo el país.

Los registros del Ministerio Público indican que hace dos años fueron incineradas 38,5 toneladas de alijos decomisados por las policías. En 2005 el total ascendió a 72,6 toneladas, y en lo que va de año han destruido más de 38 toneladas.

La idea, indicaron fuentes de la Fiscalía, es llegar a un punto de equilibrio entre las quemas y las incautaciones, de manera que en las salas de evidencia de los organismos de seguridad solamente permanezcan las muestras de los alijos cuya incautación está siendo investigada o que va para juicio.

El riesgo es que una manipulación inapropiada de las drogas decomisadas rompa con la «cadena de custodia» de la evidencia, lo que a la larga genera las condiciones para la impunidad de los traficantes.

Cuando se produce un decomiso, las autoridades verifican en el propio lugar que la sustancia encontrada efectivamente es droga. Esto se logra mediante una prueba denominada «narcotest». Como no es del todo precisa, este procedimiento es de «orientación». La certeza la dará el examen efec tuado en los laboratorios. Una vez que la droga ha sido pesada, y que se ha verificado sin lugar a dudas su tipo, composición y grado de pureza, la Fiscalía puede solicitar al tribunal de control la incineración del alijo.

Aún así, pueden transcurrir semanas o meses hasta que la quema se produzca. En el caso del alijo de heroína que desapareció de la División de Toxicología de la policía judicial, la droga tenía en poder de los agentes más de un mes.

Antes de la incineración se requiere un nuevo examen de «narcotest» para comprobar que los hornos recibirán efectivamente psicotrópicos. En ocasiones, los traficantes no sólo sustraen los alijos sino que también los reemplazan por sustancias con características similares. Esto ha ocurrido por lo menos en dos oportunidades en el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.