Reporte del Centro de Estudios de Guatemala enumera problemas resultantes del narcotráfico y sugiere que los países de la región centroamericana necesitan establecer prioridades nacionales y no subordinarse a las agendas de otros países, como la de Estados Unidos. Este impone sus propias medidas anti-terroristas en América Central, haciendo que el Ejército y la policía realicen actividades cuyos resultados no son eficaces en la realidad de los pueblos afectados en la región.
De acuerdo con el estudio, miles de personas son detenidas diariamente por las fuerzas militares y policiales que «luchan contra el narcotráfico». Las denuncias de que estos efectivos colocan marihuana (Cannabis sativa) en los bolsos de los detenidos para justificar sus detenciones son muchas. A causa de esto, las cárceles están llenas de jóvenes pobres, bajo el argumento de estar portando drogas.
El trabajo informa además que el combate del narcotráfico desarrollado por la agenda anti-terrorista de Estados Unidos se transformó en una preocupación mayor, pues resulta en múltiples violaciones de los derechos humanos de la población que vive en áreas consideradas de alcance del narcotráfico. Amenazas y persecuciones son algunas de las denuncias realizadas por los pueblos.
El Centro de Estudios de Guatemala concluye que el narcotráfico es un negocio extraordinariamente rentable que beneficia no sólo a intereses económicos, sino también políticos. «No es un poder oculto, es un poder ilegal que opera bajo el amparo de la corrupción y de la impunidad. Por ello, la institucionalidad es clave para combatirlo», enfatiza.
El estudio aclara que incluso no estando en un área completamente productora o consumidora, los países de América Central son calificados como rutas. Agrega que el alarmante grado de corrupción y pobreza de algunos países favorecen el crecimiento y organización del narcotráfico. Sin embargo, los efectos del narcotráfico tienen consecuencias devastadoras para todos los habitantes. «Por eso es un problema de Estado, cuya solución pasa, necesariamente, por una institucionalidad fuerte, sin corrupción y apegada totalmente al estado de Derecho».
Volviendo a criticar la actuación de Estados Unidos, el estudio cuestiona la política actual estadounidense que certifica a otros países. «¿Pero quien certifica a Estados Unidos? ¿Quién certifica al mayor consumidor de drogas del mundo?», indaga. Para el Centro, está claro que la política adoptada por Estados Unidos está lejos de ser la ideal para «combatir» los problemas resultantes del narcotráfico. La inclusión de fuerzas militares en países de América Latina está haciendo esto cada vez más evidente, debilitando la autonomía y democracia de las naciones.
El estudio aconseja que «las fuerzas de seguridad de la región deben contar con recursos humanos capacitados, pero fundamentalmente confiables, con recursos más modernos y con sistemas de inteligencia civil que puedan proveer informaciones fieles para que puedan garantizar resultados concretos para el Estado y no para proteger intereses particulares ligados al crimen organizado».
