El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, lo pudo decir ayer más alto, pero no más claro en el Parlamento: el Gobierno vasco debe «endurecer» la normativa contra tabaco para que se cumpla una ley que está fracasando. A diferencia de la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien eludió esta contundencia en su reciente comparecencia ante la Cámara para presentar su programa de legislatura, Bengoa no se anduvo por las ramas. El nuevo equipo de Sanidad concibe la lucha contra el tabaco como un reto prioritario y así lo anunció el consejero ante la Comisión de Sanidad, en la que intervino para dar cuenta de las líneas maestras que guiarán su mandato.

El problema en Euskadi con la ley Antitabaco, que entró en vigor en toda España en enero de 2006, es sencillamente que no se cumple. Los desencuentros entre el Gobierno vasco y los ayuntamientos han abocado al bloqueo de la norma. No se ponen de acuerdo sobre quién debe sancionar las infracciones de dicha ley, con lo que se van acumulando sin que nadie las resuelva. Hasta el momento, ninguna de las 250 denuncias registradas ha sido castigada.

Bengoa anunció que colaborará con Asuntos Sociales para que «se cumpla la normativa». Incluso avanzó que propondrá al Consejo Interterritorial de Sanidad, el foro que agrupa a las comunidades y el Gobierno central para decidir la política sanitaria en todo el país, que elabore una normativa que coloque a España «a la altura de los países europeos más sensibles» en este campo.

Por tanto, tolerancia cero con el tabaco. «Es necesario endurecer la normativa», recalcó. En esa lucha contra los cigarrillos abrió la puerta a estudiar la viabilidad de subvencionar los tratamientos para ayudar a dejar de fumar. En la actualidad, no se presta ningún apoyo económico.

Bengoa aprovechó su paso por la comisión para anunciar la reforma integral del sistema sanitario con el objetivo de preservar su calidad asistencial. El envejecimiento progresivo de la población vasca, el incremento de la demanda asistencial y el aumento del coste de los servicios precisos para satisfacer esta demanda obliga a adaptar Osakidetza a un nuevo escenario. Tal adaptación debe asentarse en modificaciones organizativas, funcionales y de gestión y en un aumento moderado de los recursos económicos.

El consejero recalcó que el reto inmediato consiste en que el sistema resulte eficiente y logre mejores resultados con el mismo dinero, habida cuenta de los límites presupuestarios que impone la crisis. El consejero intentará en la segunda parte de la legislatura, una vez que la economía vasca recupere la senda del crecimiento, elevar el gasto sanitario del 5% al 6% del PIB. Ello supondrá aumentar en 300 euros los actuales 1.530 euros de gasto público sanitario por persona.

No obstante, Bengoa dejó claro que la reforma integral va ligada más a la organización interna, la gestión y las políticas de salud que al dinero. Los pilraes de tal reforma serán la mejora en la atención a los enfermos crónicos y la redistribución de funciones entre los profesionales, dando más protagonismo a la enfermería.