Aunque a estas alturas a nadie sorprende la influencia que ejercen las grandes corporaciones, no deja de llamar la atención el hecho de que incluso contribuyan a modelar el marco legislativo europeo, imponiendo sus propios intereses sobre los de la salud ciudadana.

Esto es lo que denuncia un estudio publicado en la revista PloS Medicine, que descubre el importante papel desempeñado por la multinacional tabacalera British American Tobacco (BAT) en la creación e implantación de una herramienta legislativa de evaluación de impacto de las nuevas leyes europeas que prima los intereses económicos, incluso en cuestiones que afectan a la salud pública.

La legislación europea establece que todas las nuevas políticas de la UE deben someterse a una evaluación de impacto que sopesa las potenciales consecuencias económicas, sociales y medioambientales que puedan derivarse de su implantación. Como es lógico, el resultado obtenido varía en función de cual de estos aspectos predomine sobre los demás. Así, las valoraciones que subrayan la importancia del impacto económico tienden a favorecer aquellas normas que aumentan los beneficios empresariales, aún pudiendo perjudicar la salud pública general.

Esta situación ha provocado que expertos independientes hayan alertado de que la actual herramienta de evaluación de impacto, que hace especial hincapié en los intereses económicos, no es la más adecuada para someter a tela de juicio asuntos con impacto en la salud pública.

Tal y como explica el trabajo, esta situación se debe en gran parte a una campaña desarrollada por BAT, que ejerció su influencia en compañía de otras empresas de diferentes sectores como el químico, el petrolífero y el de la alimentación. Estos grupos desplegaron una estrategia conjunta para influir en la reforma del marco legislativo de la Unión Europea.

Para realizar su estudio, investigadores de las Universidades de Bath y Edimburgo analizaron cerca de 700 documentos internos de BAT en los que se recoge información acerca de los intentos llevados a cabo por la compañía desde 1995 para injerir en la reforma del marco legal europeo a través del Tratado de Amsterdam. Además, fueron entrevistados importantes políticos y lobbistas (personas que representan aun grupo de interés e intentan influir en la legislación y en la política).

Los autores llegaron a la conclusión de que, tras analizar una estrategia anterior desarrollada por Phillip Morris en EEUU, la BAT creó una red de influencia en la que participaron representantes de grandes corporaciones dedicadas al marketing de productos con potenciales efectos perjudiciales para la salud y el medioambiente. Entre todos llevaron a cabo una campaña que logró introducir cambios en el tratado europeo, llamando a reducir la carga normativa sobre las empresas y dando lugar al actual sistema de evaluación de impacto enfocado al bien de las compañías.

En contra de la salud pública

No obstante, los autores reconocen que en muchas ocasiones los propios representantes europeos no fueron conscientes de la magnitud de la influjo ejercido por la BAT y sus aliados, probablemente por que se sirvieron de una red de influencia política y del trabajo de terceros como think tanks (empresas formadas por grupos de expertos) y consultoras.

Tal y como denuncian los investigadores, este sistema de evaluación de impacto de las nuevas leyes podría retrasar o incluso impedir futuras regulaciones en la UE que afecten a la salud pública, por lo que instan a que esta herramienta legislativa sea revisada con carácter urgente y a que los grupos que defienden los intereses de la salud ciudadana incrementen su influjo en las políticas europeas.