La aprobación de una norma que penalizaría tanto a los medios de comunicación como a las personas por la divulgación de mensajes sobre el consumo de drogas, calificados de subliminales, representa una nueva amenaza a la libertad de expresión en el país.

La ex jueza y ex presidenta de la Conacuid Mildred Camero advirtió que la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica contra el Trafico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, relacionado con la incitación o inducción al consumo, «es un peligro» debido a la imprecisión de los términos utilizados.

El proyecto que será discutido por la plenaria del Parlamento establece prisión hasta por 6 años para quienes emitan mensajes que a juicio de la Fiscalía favorezcan el tráfico o el consumo de drogas.

Además, los medios de comunicación y las personas podrán ser obligados a pagar el equivalente a 300 unidades tributarias.

Estos mensajes podrán ser explícitos o subliminales, es decir, destinados a provocar el consumo de psicotrópicos en forma inconsciente.

«Es peligrosísimo dejar eso a la interpretación de los fiscales. Puede ser usado contra los periodistas. Quieren poner una mordaza a las personas que señalamos sobre los problemas de drogas en el país», advirtió.

El profesor de psiquiatría forense Rubén Hernández explicó que los mensajes subliminales generalmente van ocultos en imágenes o sonidos, y son capaces de inducir conductas involuntarias. En su criterio, se asemejan a un lavado de cerebro.

Añadió que para establecer la existencia de un mensaje subliminal es necesario que los contenidos sean analizados por especialistas. Luego, se determina el efecto que pueden producir.

En Venezuela no se han producido condenas por inducción al consumo de drogas a través de los medios. Pero hay precedentes. En 1995, la Conacuid y Camero (entonces juez) exigieron la modificación de la carátula del disco La Tierra del Olvido de Carlos Vives, pues mostraba hojas de marihuana y coca.

En 2005, el abogado Juan Garantón intentó un recurso de amparo para impedir la divulgación de la película Secuestro express, por considerar que inducía al consumo de drogas. El tribunal declinó el caso.