“La sanción de la nueva ley de Salud Mental implica un cambio de paradigma al pasar de un enfoque tutelar de las personas con padecimiento psíquico y con consumo problemático de drogas a uno que los considera sujetos de derecho”, destaca Graciela Touzé, presidenta de Intercambios Asociación Civil, organización que desde hace quince años impulsa el abordaje de los problemas asociados a las drogas desde una perspectiva de defensa de los derechos.
Touzé explicó también que el artículo 4 de la ley aprobada en la noche del 24 de noviembre por el Senado de la Nación “obliga a que se respeten los derechos humanos y la autonomía de las personas con consumo problemático de drogas, al incluirlas expresamente dentro del área de la salud mental”. Al igual que había sucedido en la Cámara de Diputados, los senadores aprobaron la ley por unanimidad.
Dicho artículo dice textualmente: “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”.
Esos derechos y garantías están detallados en el resto del articulado. La ley prohíbe la creación de nuevos manicomios o neuropsiquiátricos, impide la internación involuntaria, salvo como “recurso terapéutico excepcional”, consagra el derecho a recibir el tratamiento que menos restrinja derechos y libertades del paciente, así como la posibilidad de acceder a los antecedentes, las historias clínicas, y el derecho a ser informado de manera adecuada de las alternativas de atención y a tomar las decisiones relacionadas con su tratamiento.
Por último, dispone que en tres años el porcentaje del presupuesto de salud destinado a la salud mental debe alcanzar un mínimo del 10%, y modifica el artículo 482 del Código Civil, cuyo texto dirá de ahora en más que «no podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial».
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza las Conferencias Latinoamericanas de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas ocho Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas.
