Desde luego, la violencia es un factor común entre los países latinoamericanos, que sumergidos en la pobreza, han desencadenado un ciclo de corrupción y sangre de nunca acabar.  El caso de México en particular, comprende una de las luchas armadas más sangrientas de la historia del continente. Décadas de crimen e intimidación, iniciadas por los narcotraficantes mexicanos, hoy llegan a su punto crítico. Pues, unas treinta mil personas han caído desde el 2007, año en que Felipe Calderón asumió la presidencia y declaró la guerra a los cárteles de la droga de todo el país.

Esta cifra supera las víctimas de la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam o de los atentados terroristas en toda la historia de la ETA, hecho que para el periodista mexicano, Francisco Castellanos, corresponde a la pésima estrategia con la que el gobierno actual abordó la tragedia de la narcoviolencia.

«Aquí no ha habido orden en las operaciones que intentan acabar con los capos del narcotráfico. Primero se debe acabar con un cartel y luego con otro», critica el investigador de la revista Procesos de México.

Para Castellanos, la razón por la que han muerto tantos civiles durante los últimos cuatro años, se debe a la falta de servicio de inteligencia, que en su función de ubicar a los jefes de los cárteles para detenerlos evitarían el derramamiento de sangre de ciudadanos inocentes que por estar en el lugar equivocado mueren en medio de un enfrentamiento entre los narcos y la policía.

«Los combates se dan irresponsablemente a plena luz del día, en cualquier lugar, puede ser cerca de una escuela, dentro de un hospital, en una cárcel o hasta frente de un parque».

En paralelo existe una evidente descoordinación entre las autoridades de seguridad: el Ejército, la Marina, la Policía Federal, Estatal y Municipal, las cuales «sólo operan juntas en el caso de un enfrentamiento espontáneo, de resto no hay ningún tipo de articulación en la estrategia». Esto corresponde significativamente a la desconfianza que existe entre los diferentes organismos de seguridad estatal, puesto que existen supuestos de que en algunos hay más infiltrados que en otros, caso del Ejercito en el que se cree hay mayor nivel de corrupción.

RECURSOS A RIENDA SUELTA Pero más grave aún resulta la ausencia de un programa de congelamiento de cuentas y bienes de los capos más importantes, entre quienes se ubican algunos de los hombres más ricos del mundo. Al menos la revista Forbes, identifica las cuentas y propiedades del célebre capo, Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», que suman una fortuna de mil millones de dólares, posicionándolo entre los multimillonarios más poderosos del globo.

«Al no dejarlos sin recursos, lo que se ha logrado es que ellos puedan corromper desde el que barre la procuraduría, el policía, o hasta el más alto ejecutivo», explica Castellanos, quien está convencido de que esa es la razón por la que todo el sistema mexicano está absolutamente corrupto y controlado por el narcotráfico.

Además, este peligroso fallo ha permitido que los 600 mil millones de dólares, que según la ONU genera el narcotráfico en México, sean invertidos en armamento de avanzada tecnología que deja en desventaja a los organismos de defensa del Estado.

MIEDO EN LA FRONTERA Estados de la frontera, como Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas, resultan los más afectados para su gente quienes han perdido su poder de decisión y cierta libertad ante las órdenes que los mismos narcos, quienes a través de pancartas o «mantas», les anuncian horarios de salida y lugares prohibidos.

En Michoacán por ejemplo, donde opera el cartel «La Familia Michoacana», el pasado mes de diciembre, se conoció la ejecución de 25 personas, empleados de oficinas del gobierno, quienes habían salido de vacaciones a Ciguatanejo y fueron asesinados por incumplir de cierto modo los estándares de salida que había pautado el cártel días antes.

Estos hechos de violencia han provocado el desplome de la economía en estas entidades, en los que cantidad de hoteles, restaurantes y centros turísticos han cerrado por miedo. «La gente esta aterrada de salir para no volver», afirma Castellanos. De hecho una encuesta realizada por el periódico El Universal de México evidencia el incremento del terror entre los ciudadanos, quienes en un 83% consideran que la violencia ha aumentado en los últimos seis meses y el 52% se ve seriamente amenazado.

En la misma línea de pensamiento se encuentra el periodista de investigación; Ricardo Ravelo, dedicado desde el año 1996 al tema del narcotráfico en México, el cual destaca además que «el Estado mexicano ya no garantiza ni la vida, ni el patrimonio y prueba de esto es que el crecimiento del narcotráfico ha sido posible por actividades criminales paralelas a la propia cosecha de droga. El secuestro, la extorsión, el despojo de propiedades, el tráfico de personas, son algunas de las acciones donde más se ve involucrada a la población civil y que mayor auge han tenido en los últimos años».

CONTROL DEL SISTEMA Y como evidente consecuencia del control de las instituciones guberna- mentales por los cárteles de la droga, que se ejerce a través de una nomina de 5 millones de dólares mensuales en promedio, la situación se torna frustrante para los ciudadanos que, una vez se ven involucrados en un caso de extorsión o secuestro, no pueden presentar una denuncia, dado el riesgo que significa que las autoridades estén copadas de infiltrados que comunican a los cárteles para que estos a su vez ejecuten a quien osó de acusarlos, es decir a los «sapos».

Asimismo, el excesivo poder económico con que se manejan los capos les permite también comprar a niños y familias muy pobres que ante las generosas ofertas, caen en el negocio de la droga del que luego no pueden zafarse. «Un campesino que gana 15 dólares semanales puede llegar a cobrar hasta 150 por sembrarle la droga a un cartel. O simplemente servir de mensajero o informar datos de interés puede permitir cobrar entre 500 a 1000 dólares mensuales», asegura Castellanos.

Un país donde nadie escapa a los tentáculos de la mafia de la droga, inevitablemente su política no se salva, según Ravelo, quien ha sido autor de cinco publicaciones sobre el conflicto como El reto de Calderón y Crónicas de Sangre.

Este periodista es fiel a la idea de que los jefes de la droga están en la búsqueda y la conquista del poder político. De hecho, considera probable la tesis de que ya esté ocurriendo, dado que resulta inexplicable cómo desde que se inició la etapa de mayor combate contra el narcotráfico, sea la de mayor esplendor del los cárteles. «En octubre del año pasado se presentó un estudio en el senado mexicano que revelaba que el 70% de los municipios del país estaban penetrados por el crimen organizado, lo que quiere decir que las autoridades municipales tienen vínculos con redes criminales, que ponen en riesgo la potestad de más de la mitas del territorio».

MUERTE AL PERIODISMO Mientras tanto, la tensa situación en la que laboran los periodistas, de los cuales sólo en el 2010 hasta la fecha han sido ejecutados treinta, entorpece el libre ejercicio de la profesión.

Castellanos, que ha sido víctima en dos oportunidades de secuestros, explica que con el tiempo los encargados de la fuente se han convertido en una especie de «jefes de prensa» de los cárteles, quienes autorizan qué información se publica y en qué momento, de lo contrario su vida estaría en riesgo.

Además, algunos de estos reporteros no escapan de los sobornos de la droga, la cual aprovechándose de los bajos salarios de la mayoría, se encarga de comprarlos para dirigir sus publicaciones. «Hace poco se conoció el caso de un compañero que recibía 70.000 pesos mensuales y fue ejecutado por el mismo cártel que lo financiaba dado que no repartía las comisiones que le habían asignado». Sin embargo, Castellanos asegura que la droga no ha podido comprar sino a una minoría.

Asimismo las amenazas a corresponsales se hacen cada vez más agudas, según el coordinador del Comité para la Protección de Periodistas, quien en una entrevista en la cadena de noticias CNN explicó que estos reporteros que viajan a los focos del conflicto «no son inmunes, como ya nadie lo es frente a la violencia en México», agravando las condiciones para el ejercicio, como cualquier país que está en Guerra. Todo corresponsal «corre graves riesgos aún tomando medidas de seguridad, y siempre se enfrentan a los poderos paralelos de la localidad».

GRAN PARADOJA Es así como entre más se combate el problema más se complica, paradoja que ha suscitado que muchos mexicanos prefieran que no se continúe el ataque contra los jefes del narcotráfico. Pero para Ravelo, sería inaceptable y peligroso rendirse ante los cárteles de la droga. «Este trágico fenómeno debe ser atacado, pero si bien la vía de la represión es necesaria, también lo son otros instrumentos que se han dejado de lado y que por ello no se ha tenido éxito», dice el investigador, haciendo referencia al combate de lavado de dinero y a la redes de testaferros de narcotráfico.

«Hace unos años Colombia era el epicentro del problema, hoy el reflector del mundo está bajo México», alerta Ravelo tras reconocer los grandes logros que el país suramericano ha conseguido bajo difíciles e incesantes luchas contra los grupos armados que operan bajo la venta de droga y otros delitos.

Pero Ravelo considera un gran avance que se empiece a reconocer por parte del gobierno el fracaso que ha significado esta guerra, tal como ocurrió el primero de febrero durante la comparecencia del Secretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, ante los senadores, donde reconoció el fracaso en el intento de establecer una política de seguridad del Estado y que el narcotráfico opera con protección oficial.

Sin duda, México tiene el reto colosal de reducir estos estándares de vida que poco a poco los posiciona como uno de los países más violentos e inseguros del mundo. El regazo social, la calidad de vida y la eficacia policial son factores clave para la superación de este pasaje de su historia que les costará más que el lamento de los familiares de los miles de muertos.