El pizarrón ha servido para, entre otras cosas, ayudar a enseñar las matemáticas; sin embargo las sumas nunca fueron tan negativas en la educación mexicana como ahora. Carteles de la droga, el crimen organizado, han sumado otra víctima más, la enseñanza. Escuelas, maestros, alumnos, todos cuentan en la lista de quienes están maniatando el futuro de la nación azteca.

A comienzos de septiembre agencias internacionales de noticia replicaban informaciones que daban cuenta de cómo docentes del estado de Guerrero, al sur de México, se negaban a comenzar a impartir clases por el miedo ante las amenazas proferidas por los narcos.

Las bandas criminales así como venían haciendo el cobro de «vacuna» a negocios, ganaderos, agricultores, empresarios, entre otros, ahora lo realizan contra los educadores, entre quienes ya se puede contar alguna baja, lo cual convierte al tema en uno de los más bochornosos para la nación del norte.

No es un caso inédito, ya la situación se ha podido constatar en planteles educativos de varias partes del orbe. Naciones como Colombia, Pakistán, India, Somalia, Sudán o Haití, padecen de este flagelo guardando sus características particulares relacionadas a su contexto social, geográfico, político y económico.

En 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO), ya había denunciado en su informe que los ataques perpetrados por motivos ideológicos o políticos contra profesores y centros de enseñanza están en una escalada preocupante.

En el caso de México este fenómeno se ha recrudecido a la par del plan librado por el Estado federal contra la delincuencia armada, grupos de narcos y organizaciones al margen de la ley. Debido a esto algunos expertos sostienen que el gobierno debe analizar su política contra las bandas pues se estaría garantizando una suerte de ley de acción y reacción que conduce al país a mayores niveles de violencia.

ESTADO PARALELO René Jiménez Ornela, investigador y experto en temas de seguridad y narcotráfico de la Universidad Nacional de México (UNAM), sostiene que el problema no es exclusivo de la educación básica o primaria sino también de la educación superior, técnica y de pregrado.

Varios estados de la república mexicana son ingobernables, reconoció Jiménez. «Hay zonas como Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, donde el crimen cobra impuestos y establece su ley en lo que pareciese un estado paralelo o alterno».

«Todo radica en que una porción notable de la población juvenil se encuentra en el status de los `ni-nis’, es decir, ni estudian ni trabajan, genera-do por la falta de oportunidades en el mercado laboral y estudiantil», afirma Jiménez.

El profesor e investigador de la UNAM destaca el hecho de como en estos últimos tiempos, cada día más jóvenes están integrando las bandas criminales y todo ello debe generar más que preocupación de la sociedad mexicana, acciones que lleven a que este fenómeno se retraiga.

«La violencia en los centros educativos tiene que analizarse de manera integral, hay una serie de aspectos que llevan a la consolidación de esta forma de actuar. Los jóvenes desde temprana edad ingresan a las adicciones, el núcleo familiar cada día es menos consistente y ayuda a que el problema no se pueda abordar de manera correcta», comenta.

El experto sostiene que la falta de oportunidades crea un terreno fértil para que más de 7,5 millones de jóvenes mexicanos que se encuentran desocupados, sin estudiar o trabajar, caigan presa de los carteles de la droga u otro tipo de clan delictivo donde puedan obtener aquello que merme su carencia material.

Jiménez critica al gobierno por la falta de alternativas para este nicho de la población que se ve en la disyuniva de permanecer en la miseria o ascender en sus aspiraciones en detrimento de la seguridad nacional.

La líder estudiantil y titular de la comisión de diálogo y medios del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, sección metropolitana, Atzelbi Hernández, considera por su parte que la situación de violencia en la educación no es nueva en el país y es afín a la idea de Jiménez de considerar alternativas concretas para la solución de este problema estructural, una de esas alternativas es la eliminación de exclusiones en la educación superior.

Hernández, quien en ocasiones anteriores se ha reunido con representantes del gobierno federal para detallar las restricciones que millones de jóvenes tienen para ingresar a las universidades, afirma que es necesario replantear el modelo educativo implementado por Felipe Calderón, donde cientos de institutos técnicos han sido erigidos con la finalidad de captar a esa población ociosa pero sin resultados óptimos.

«Estos centros tecnológicos de alguna manera excluyen a los jóvenes a ingresar en una universidad formal que les asegure de alguna manera un desarrollo social. La consecuencia probable de esto es la inmediata inserción de estas personas en actividades punitivas que llevan a activar la espiral de violencia», puntualizó Hernández.

¿POR QUÉ LOS MAESTROS? Los centros educativos, los maestros, los directores de las escuelas, los padres, todos, absolutamente todos se ven implicados en una violencia que cada día afecta a más mexicanos.

Los reductos de relativa calma y paz, parecen ubicarse en las grandes metrópolis o ejes urbanos como la Ciudad de México u otras localidades más céntricas.

Hernández aclara que tanto en el D.F. (capital de México) como en Monterrey, la segunda ciudad de mayor importancia en México, son generados grupos de choque en colegios, escuelas e institutos, especies de pandillas que en realidad se convierten en grupos delincuenciales, hasta paramilitares, que luego extorsionan y mantienen el control de los centros de aprendizaje y enseñanza.

El centro educativo es relevante para muchos actores, estudiantes, padres y representantes, docentes, autoridades, lo que lo convierte en un punto prominente y de trascendencia en la vida de la sociedad no sólo mexicana sino en general.

Es por ello, explica Atzelbi Hernández, que para los carteles de la droga, grupos delictivos, le son necesarios mantener las amenazas y extorsiones a maestros y demás autoridades, porque «así pueden demostrar la inestabilidad y la vulnerabilidad a la que pueden someter a la ciudadanía y hacen muy visible la debilidad del gobierno y sus políticas de seguridad, esto trasciende».

Jiménez advierte que estos ataques son producto, no sólo de una estrategia errada del gobierno, sino que es la existencia de una especie de binomio infeliz: cinismo y corrupción imperante en las esferas de poder, que permiten que hasta a las fuerzas de seguridad llegue la influencia de las bandas delictivas.

«Más de 600 mil personas ya han huido por estas amenazas en todos los ámbitos, bien sea a los Estados Unidos o a ciudades en el centro del país», añadió Jiménez.

UNA FORMA DE PREVENCIÓN Múltiples ONG han aunado sus esfuerzos para prevenir el delito a edad temprana y media, una de estas organizaciones se denomina REINTEGRA, cuya representante del Consejo Directivo, Monique Robert, resaltó la necesidad de la concientización y la reinserción para evitar los flagelos que hoy en día acechan a México.

REINTEGRA funciona como una red ciudadana, explica Robert, que trabaja en distintas esferas, «la reinserción escolar, familiar, comunitaria y social de aquellos que integran los talleres de desarrollo humano y que se han visto envueltos en situaciones delictivas y violencia a menor escala.

El hecho principal radica en que los chicos y chicas no vuelvan a ser presa fácil de los grupos al margen de la ley una vez brindadas las diferentes oportunidades que ofrece la organización y cooperar en algo con la erradicación de violencia.

Robert confirma que menos del 6% de esos chicos que han ingresado en REINTEGRA reinciden en el delito, lo cual es una estadística positiva.

«El trabajo mancomunado, entre organizaciones no gubernamentales, gobierno, empresa privada, entes internacionales, es fundamental para que el alcance de estos planes sea cada vez más contundente y exitoso, contribuyendo con el desarrollo y la paz de México», añadió Robert.