«En ocho años, no escuchamos a un solo político decir la palabra «paco», porque le tienen miedo». La frase resume la postura del grupo de madres que desde hace unos años comenzó a reunirse en el Conurbano para ayudar a sus hijos, víctimas del flagelo de la pasta base. Hoy, ya más organizadas en Madres Contra el Paco, exigen que la problemática integre la agenda de la clase política porque «si el Estado no se hace cargo de los menores, se van a seguir muriendo».

Alejandra Flores, del barrio lomense de Lavallol, y Silvia Alcantara, de Banfield, pertenecen a Madres Contra el Paco, y llegaron a La Plata para trabajar junto al gremio UTEM (Unión de Trabajadores de Educación y Minoridad), que a su vez viene reclamando por la situación de la minoridad. Dicen que hay una «contradicción jurídica» en el tratamiento legal de los menores y, pese a definirse kirchneristas, las madres le piden a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Daniel Scioli «que esta minoría también exista».

Las dos mujeres reciben a NOVA en la sede de UTEM, en la capital bonaerense. «Una vez por año, hacemos la reunión de Madres contra el Paco. Entonces viene una madre de Ushuaia, otra de Uruguay, otra de Paraguay, de Chaco y Corrientes, y así nos reunimos anualmente -cuentan-. Pero en los distritos hay una madre por zona».

Alejandra Flores y Silvia Alcantara aclaran que, pese al trabajo grupal, todavía «no hay una red conformada». Sus reclamos pasan, hoy, por lo expuestos que quedan los menores adictos. «Por la nueva ley de Salud Mental (NdelaR: sancionada por el Congreso al año pasado), no se puede ir a un juez a pedir que te interne al chico. Se necesita primero que un psiquiatra y un psicólogo den la orden de internación con sus dos firmas», cuentan.

Así, ante la nueva legislación sobre las internaciones, «el Juzgado de Familia lo único que puede hacer es mandar un ambulatorio, no se puede ocupar de internar al chico», explica Silvia Alcantara. «Lo que sucede es que en las guardias de los hospitales no hay psiquiatras. Por ejemplo, en Catamarca, no hay un psiquiatra en toda la provincia. En Corrientes hay dos en la capital. No hay psiquiatras en el país. Entonces, conseguir que un psiquiatra ponga la firma es muy difícil», apunta.

«Si vas a un zonal, hasta que te dan una cama, tardás cuatro o cinco meses, y el chico se murió -subraya esta madre de Banfield-. Y si lo hacés como dice la nueva ley de Salud Mental, tenés que ir a un hospital que les da 15 días de desintoxicación y después una internación de tres meses. El tema es que ningún chico del paco se cura con tres meses de tratamiento».

Silvia Alcantara señala que «todo esto es lo que se nos avecina, que es catastrófico. Ya fueron catastróficos estos ocho años que pasaron, en los que lo único que teníamos para internar a nuestros chicos era Nación, porque Provincia nunca existió».

La mujer recuerda que «las Madres contra el paco estábamos calladas la boca y no hablábamos porque el doctor José Granero, titular del Sedronar, nos internaba a los mayores de edad, y la Secretaría de Niñez y Adolescencia a los menores. Así, desde Provincia podíamos internar a los chicos. Ahora al doctor Granero lo sacaron del Sedronar, que está descabezado desde que Cristina asumió esta nueva presidencia, y la secretaría bonaerense tiene la isla repleta, además de que no es específico para adicciones».

Historias

Alejandra Flores no tiene hijos que consuman, pero vive la historia de cerca. Tiene parientes adictos y, además, se hizo cargo de un chico de 9 años que perdió a su madre por el paco. «Me fui metiendo y conociendo a las otras madres que estaban en lucha, y empecé a ayudar a las familias con asesoramiento, porque yo no soy psicóloga ni terapeuta: soy simplemente una mamá, un ama de casa que lo único que quiere es recuperar aunque sea un pibe», cuenta la mujer de Lavallol.

Silvia Alcantara, por su parte, tiene un hijo recuperado. Con experiencia en todo el país, la representante de Madres Contra el Paco de Banfield cuestiona que la Provincia «no tiene nada para menores de edad. El zonal sólo te dice que, si el chico quiere internarse, se interna».

Alcantara observa así que «estamos en una contradicción jurídica: el chico, por Derechos Humanos, elige si quiere internarse. Pero, si yo no lo interno, ese chico se está suicidando». «La ley de Protección Universal de Menores y de Niños dice una cosa, que la nueva ley de Salud Mental contrapone», analiza.

En tanto, para María Eva Klein, secretaria general de UTEM, «es una pelea solitaria y dura». «La nueva ley de Minoridad, con todas las convenciones internacionales para los Derechos del Niño, se contrapone al derecho de que el primer tutor de los chicos es el Estado. Los institutos están vacíos, y esa es plata que el Estado se ahorra. Y no hay ni siquiera estadísticas».

Por eso estas mujeres no se sienten optimistas con la jerarquización del área de Niñez y Adolescencia bonaerense, que en este nuevo período pasó de ser una subsecretaría que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a una secretaría que dependerá del Ejecutivo. Al frente continuará Pablo Navarro, que desempeña la titularidad del área desde el año 2009.

¿Cómo creen que deberían encararse las soluciones?

– Alejandra Flores: Con un poco de voluntad política.

– María Eva Klein: Con sentido común.

– Silvia Alcantara: Si se pudiera aplicar la nueva ley de Salud Mental, podría ayudar. Pero que haya una guardia permanente de psiquiatras en todos los hospitales de la Provincia, de Capital y del país es un imposible. Y que haya un lugar de desintoxicación en todos los hospitales del país tambipen, al menos a la brevedad. Puede ser que lo hagan a futuro, pero ¿cuántos años van a tardar? Mientras tanto, ¿adónde van los chicos? La policía no los lleva por la nueva ley, ambulancias no hay, los chicos hacen brotes psicóticos, asesinan gente, se suicidan. Los guardias de los hospitales no los reciben porque, como los médicos clínicos desconocen con qué se intoxicaron, no saben si les van a aplicar algo y se van a morir. Así los lleves atados y con una ambulancia, el hospital te los rechaza en la puerta. Son rechazados por el hospital, la policía y el juzgado.

Alcantara sostiene que «como yo quiero mucho a esta presidenta Cristina, que dijo que también gobierna para las minorías, le pido que esta minoría también exista, porque los adictos son una minoría. Que existan para el gobernador Scioli y todos los gobernantes, porque esta minoría se está muriendo. Y son menores».

Klein apunta que «los chicos están en la calle, se les cruza el paco, o una bala, y nadie se hace cargo. Se están muriendo generaciones». La preocupación, dice, es que «cuando tal vez hay algún funcionario que se interesa, y quiere entender y resolver, después no está más, y entonces uno vuelve a sentir ese vacío. Hoy no hay nadie en el Sedronar. Es un círculo vicioso, y tenemos que hacer algo».

Las consecuencias de un flagelo

Silvia Alcantara apela a la experiencia en su territorio. «Si bien los varones roban para drogarse, las chicas se prostituyen, y a poca edad tienen hijos, que nacen prematuramente, pesando 800 gramos, sin respuestas neuronales cuando los tratan y con una desnutrición congénita, que no se cura», sostiene.

«A su vez, esos chicos van a tener una tercera generación de hijos con deformidades y problemas –agrega-. Tenemos casos de chicas embarazadas cuyos niños, cuando nacen, hacen síndrome de abstinencia, porque no tienen el paco con el que se criaron en la panza».

«El Hospital de Niños no está dando la información de que están desintoxicando a esos chicos recién nacidos, porque esos chicos hacen una epilepsia con síndrome de abstinencia después de nacer –señala Alcantara-. Tenemos casos de chicos de cuatro y seis meses que, cuando las madres les quitaron el pecho, hicieron síndrome de abstinencia y ataques epilépticos. De estos casos de mujeres que tienen hijos hay cantidad en los hospitales, y nadie lo habla».

Sin embargo, esta madre aclara que «hoy en día no es sólo paco, es un coctel de adicciones, una mezcla. Esa chica no se trata durante el embarazo, no recibe vacunas, puede tener VIH, y se lo transmite al bebé. Y esos bebés se tiran, se regalan, se abandonan, se mueren o quedan deformados. Y el Estado no se ocupa de ese bebé. Se lo lleva la chica paquera y de ese nene se ocupa una abuela, mientras la chica está embarazada nuevamente. La realidad que estamos viviendo en la Provincia es grave».

«Los políticos le tienen miedo a las palabras «adicción» y «paco». No escuché a ningún político en ocho años hablar del paco. El tema no está en la agenda política de nadie. El paco está escondido y crece como el pasto. Mientras no se hable del tema, permanecerá oculto. Pero, hoy en día, todas las clases sociales tienen alguien que consume», concluyen.