Las organizaciones de América Latina y las que trabajamos en la región, pertenecientes al Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), reivindicamos el derecho democrático y soberano de nuestros respectivos países para corregir todo lo necesario en la actual política de drogas, así como exigimos a la comunidad internacional reunida en el Thematic Debate of the 66th Session of the United Nations General Assembly on Drugs and Crime as a Threat to Development on the Occasion of the UN International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, y en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas hacer reformas profundas a las actuales políticas de drogas.
Somos conscientes que las instituciones democráticas de América Latina sufren inmensas presiones de los intereses relacionados con el crimen organizado en torno a las drogas; que las mafias se están fortaleciendo en la región extendiendo sus intereses a otras actividades ilegales rentables; y que la así llamada “guerra contra las drogas” tiene en la región muchas de las más graves “consecuencias no intencionales” del sistema de control internacional de sustancias referidas por la propia Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Instamos a la comunidad internacional a un cambio real, inmediato y sustancial, en el que:
- Se reestructuren las prioridades y metas de todas las políticas hacia las drogas, incluidas las de seguridad y justicia, para que serespeten los derechos humanos y sean sujetas a evaluaciones objetivas, imparciales y periódicas en las que participe la sociedad civil.
- Se garanticen recursos suficientes a la salud, la prevención, la educación y el desarrollo social en relación a los presupuestos destinados a la seguridad, de acuerdo a criterios sujetos a la evidencia científica y a la reducción de riesgos y daños.
- Se ponga fin a la criminalización y la discriminación de los usuarios de drogas, especialmente a los más marginados, quienes son los que más necesitan un acceso efectivo a los servicios de salud. Pedimos, además, la participación e inclusión de tales usuarios en el debate público de todas las políticas que les conciernan.
- Se instrumenten políticas de desarrollo económico efectivas para aquellas zonas productoras de cultivos usados para la producción de drogas ilícitas, mediante una secuencia adecuada que haga posible la disminución de estos cultivos y se garantice la apertura de los mercados internacionales para los productos alternativos que tal estrategia supone, lo que implica, también, descriminalizar a los pequeños productores.
- Se reconozcan los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca.
- Se consideren alternativas regulatorias para la cannabis.
- Se observen, conforme a derecho, el principio de proporcionalidad de las penas cuando de delitos relacionados con drogas se trate; y se contemplen sanciones alternativas a la prisión para aquellos que, al infringir las leyes, no hayan cometido delitos violentos o graves.
Las organizaciones de América Latina y las que trabaja en la región, miembros del IDPC, son:
- Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), Uruguay
- Asociacion Civil Intercambios, Argentina
- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), Colombia
- Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú
- Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias A.C (CRECE), México
- Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), México
- Espolea, México
- Psicotropicus, Brasil
- Puente Investigación y Enlace (P.I.E.), Bolivia
- Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS)
- Red Andina de Información (AIN), Bolivia
- Red Chilena de Reducción de Daños, Chile
- Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (REDUC), Brasil
- Transnational Institute (TNI), Holanda
- Viva Rio, Brasil
- Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos
El IDPC es una red mundial de ONG y redes profesionales, especializada en cuestiones de drogas fiscalizadas. Fomenta debates objetivos y abiertos sobre las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya políticas eficaces fundamentadas en evidencias científicas para reducir el daño relacionado con las drogas. Para más información, véase: www.idpc.net.
