¿Es viable en Colombia que un centro de atención a consumidores de droga brinde apoyo personalizado a un adicto y le entregue su dosis diaria, como ocurre en Vancouver, Canadá, con los adictos a la heroína? ¿Se reducirían los costos de los tratamientos terapéuticos, si se declara la narcodependencia como una enfermedad de salud pública? ¿Está la sociedad preparada para convivir con los adictos crónicos y respetar sus derechos? 

Políticos, medios de comunicación, altos funcionarios, grupos religiosos y académicos debaten si la propuesta lanzada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es viable o no. Para algunos sectores de la sociedad, dicha propuesta estaría sustentada en pronunciamientos tanto legales como jurisprudenciales, en los cuales se obliga al Estado a la adopción de dichas medidas.

Como lo plantean algunos expertos a Vanguardia Liberal, es el momento de abrir la discusión sobre el consumo de la droga y de abordar el tema desde nuevos puntos de vista, en los que se reconozca que atacar el flagelo de la drogadicción no se hace con señalamientos, tintes políticos o intereses particulares.  

Se necesita un diagnóstico

Para el padre Manuel Jiménez Tejerizo de la Fundación Niños de Papel, de Bucaramanga, el problema de la droga no es ni moral ni ético, es un problema médico que se soluciona con respuestas puntuales.

¿Qué se debe hacer? Según este especialista, antes de plantear una solución como la del Alcalde de Bogotá, es necesario realizar un diagnóstico en el que se identifique cuál es el origen del problema, pues “no todos los drogadictos son iguales”.

Si bien es cierto que los centros de atención a adictos han funcionado en España, Canadá u Holanda, el especialista resalta que en Colombia se necesita más prevención. “Las salas que propone Gustavo Petro trabajan en la reducción del daño. La idea es que la persona no siga deteriorándose y no les haga daño a los demás. La propuesta es viable y necesaria, pero esto los ha cogido en el camino, es un problema de salud pública”, explica el padre Jiménez.

Por su parte, Alberto Alarcón French, fundador de Hogares Crea, los centros de atención a drogadictos son el último peldaño que hay que tener en cuenta. Para él, las experiencias que han funcionado en otros países han hecho énfasis en el tema de la prevención, y en Colombia, sin recursos del Estado, esto no es posible.

“Les están recargando todo a las entidades privadas. El Estado tiene que asignar recursos y dárselos a personas y entidades que los sepan manejar y no al primer político que aparezca. Para no ir tan lejos, el caso de Bucaramanga. La ciudad no cuenta con un programa organizado. Son sólo ‘apaga incendios”, expresa este empresario.

Alarcón French coincide con el padre Manuel Jiménez al afirmar que el problema de la narcodependencia no se puede relacionar con el de la delincuencia, pues asevera que una mínima parte de los drogadictos del país está delinquiendo.

Desde su papel como siquiatra, Camilo Umaña asevera que el problema de la drogadicción es que ha sido abordado desde el punto de vista “persecutorio” y no se ha solucionado lo que le atañe al consumo y el tráfico.

Sin embargo, ¿qué tan acertado es proporcionarle la droga de manera controlada a un adicto en centros especializados? Umaña asegura que esto es usado en otros países, porque se han diseñado sistemas especiales, particularmente para drogadictos endovenosos o adictos a la heroína.

“Es preferible controlarlos, porque uno de los grandes problemas es que comparten agujas y jeringas, en sitios inadecuados. Lo que están buscando es que disminuya la frecuencia de contaminación por Sida, hepatitis B y C”, explica este siquiatra.

Umaña considera que propuestas como las de Gustavo Petro se deben ensayar en un sitio específico y después mirar qué pasa, ya que cada cultura es diferente. “El modelo se debe adaptar al medio. No se pude copiar estas fórmulas. ¿Qué tal la gente siga por el camino de la ilegalidad y fracase?  Hay que mirar el tema en perspectiva social, histórica y desde las experiencias de otros países. Es obvio que cuando se libera el consumo este aumenta, porque los que estaban escondidos aparecen como cifras oficiales”, remata Umaña. 

Desde lo jurídico

Colombia aprobó la primera ley que reconoce el problema de la drogadicción como una enfermedad. Gracias a esta norma, el Estado deberá garantizar a los adictos el tratamiento integral y el diseño de políticas públicas referidas al tema.

Se trata de la Ley 1566 del 31 de julio de 2012, que reconoce que la adicción a las sustancias sicoactivas es un asunto de salud pública. Esto significa un giro en el debate y la lucha antidrogas, que enfocaba su discurso en que la droga sólo era un problema de orden público.

Esta ley, de iniciativa del senador Juan Manuel Galán, dispone que existan centros de atención a drogadictos (CAD), a cargo de los programas de servicio amigables para adolescente y jóvenes, unidades de salud mental, centros de atención comunitaria y equipos básicos de atención primaria en salud.

Esto significa que la propuesta del alcalde Gustavo Petro estaría enfocada en este marco legal, el cual dispone que el presupuesto para el mantenimiento de los CAD estarían a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Ministerio de Salud y de la Protección Social, del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y las entidades territoriales. Asimismo, conmina a las aseguradoras de riesgos profesionales, ARP, en la creación de proyectos institucionales preventivos en las empresas.

De igual forma, la posición de la Corte Constitucional, que ha sido expuesta e las sentencias C-221 de 1994, C-574 de 2011 y C-491 de 2012, con ponencias de los magistrados Carlos Gaviria Díaz, Juan Carlos Henao Pérez y Luis Ernesto Vargas, respectivamente, es que la persona narcodependiente “es un enfermo que debe ser sujeto de medidas de protección y rehabilitación, ajenas al ámbito opresor”, para el “cuidado integral de la salud de la persona y de la comunidad”, que involucren a la familia.

Todo esto, “a través del desarrollo permanente de campañas de prevención contra el consumo de drogas a favor de la recuperación de los adictos”.

Sobre lo anterior, vale la pena preguntarse: si jurídicamente está contemplada la posibilidad de la creación de centros de atención a drogadictos, ¿por qué el Gobierno no ha materializado lo que ya está en el papel? ¿Conoce Colombia cuántos adictos tiene y no obstante cuántos de ellos han sido declarados como críticos, sin posibilidad de retorno a una vida normal? Además, ¿está dispuesto el adicto a someterse a este tipo de tratamientos?

Muchas cosas quedan en el tintero e indican que el debate de la drogadicción en Colombia no se ha planteado desde lo que ha propuesto la jurisprudencia ni se ha abordado con la seriedad y la realidad que requiere. Que se abra entonces la discusión.

Sobre la dosis personal

Según el abogado Juan Manuel Sánchez, el consumo de drogas en Colombia va ligado a dos temas: la dignidad humana y la dosis personal. Sobre esto afirma: “En el ordenamiento jurídico colombiano, la dignidad humana se ha consagrado desde dos ópticas, siendo una de ellas la del objeto de protección, el cual se traduce, según la Corte Constitucional, en tres dimensiones: ‘vivir como quiera’, ‘vivir bien’ y ‘vivir sin humillaciones’. Y es en el ‘vivir como quiera’ donde se permite el consumo de sustancias alucinógenas, pues en este sentido, cualquier persona está facultada para diseñar su propio plan de vida, el cual podría involucrar ser un drogadicto.

Valga agregar que dicho tema está relacionado con el del libre desarrollo de la personalidad, que como derecho desprendido del ramo de las libertades presupone como límite a su ejercicio el autocontrol, no existiendo por tanto otro límite distinto a ese, pues dicho comportamiento no vulnera los derechos fundamentales de las demás personas.

Al respecto ha dicho la Corte, en la sentencia C-491 de 2012, que la dosis personal es un “comportamiento que no transciende la órbita personal del individuo y por ende, carece de la potencialidad de interferir en los derechos ajenos, o en los bienes jurídicos valiosos para la vida en comunidad”.

Experiencia en Vacouver, Canadá

En uno de los sectores más deprimidos y peligrosos de Vancouver, Canadá, llamado Downtown Eastside, existe una experiencia pionera en el mundo en materia de atención a personas con narcodependencia. Se trata del InSide, donde los adictos además de recibir las inyecciones de heroína y contar con un lugar higiénico y seguro para consumir, reciben supervisión médica. La experiencia nació en 2003, después de desatarse una ola de muerte por sobredosis en las calles de Downtown Eastside y de elevarse el número de personas contagiadas con Sida por el intercambio de agujas.

Pero no todo ha sido color de rosa para los adictos canadienses. En 2008, el Ministerio Federal de Salud de ese país decidió no renovar la exoneración especial que tiene el InSide frente a las leyes de tráfico y posesión de estupefacientes, y estuvo a punto de cerrarlo. Esto desató una pelea jurídica que llegó hasta la Suprema Corte de Canadá, que falló a favor de la institución y ordenó al Ministerio otorgarle de nuevo la exoneración a InSite.

El argumento de la Corte fue que negar la exoneración a esta institución violaba los derechos de los adictos a la heroína a acceder a servicios de salud y a asesoría en la clínica, amenazando tanto su salud como sus vidas.