La adicción al tabaco mata a 700.000 europeos y cuesta 25.000 millones en atención sanitaria al año. La Comisión Europea, que es la que maneja estas cifras, está decidida a reformar la actual directiva antitabaco, endureciéndola para que los consumidores dejen de encontrarle atractivo a fumar —quiere prohibir las sustancias adictivas, los cigarrillos finos, los de sabores que enmascaran el sabor real—, especialmente en el caso de los jóvenes. En plena tramitación parlamentaria, ocho Estados miembros y el lobby de la industria tabacalera presionan para descafeinar la normativa contraponiendo la necesidad de empleo a los beneficios para la salud. Al movimiento se han sumado cinco autonomías españolas: Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Navarra, que están construyendo un frente común en defensa del sector tabacalero.
Extremadura y Cantabria lideran la ofensiva. La primera, porque produce el 90% del tabaco español, y la segunda porque en su territorio se asienta una fábrica del gigante del sector Altadis. Ayer mismo, el presidente extremeño, José Antonio Monago (PP), que representa a todo el sector productor europeo en el Comité de las Regiones de la UE, donde se prepara un dictamen —no vinculante— sobre la normativa dejó clara su postura en Bruselas: la nueva regulación debe conciliar “el derecho a la salud con los intereses de miles de ciudadanos” cuyos empleos dependen del sector.
El presidente cántabro, Ignacio Diego, ha convocado el 17 de mayo a La Rioja, Canarias, Extremadura y Navarra —regiones productoras o manufactureras— a una reunión para acordar una postura común sobre las “consecuencias negativas” para la economía que tendría la directiva. La cita se celebrará en las instalaciones de la tabacalera Altadis.
Las Administraciones autonómicas parecen haber asumido los argumentos de la industria. La Mesa del Tabaco —que agrupa a todos los eslabones de la cadena, desde los productores hasta los estancos o los fabricantes de máquinas expendedoras— defiende que la nueva regulación perjudicará a una industria que consideran clave. “Tendrá gran impacto en un sector que emplea a 57.000 personas y que recauda 9.300 millones al año. La Comisión no ha podido justificar con estudios científicos las medidas que propone. No está claro que sean eficaces, que vayan a cumplir el objetivo de reducir el consumo y evitar el acceso de los menores al tabaco. En cambio, nosotros sí sabemos que serán muy nocivas para el sector”, argumenta Juan Páramos, su portavoz. Y todo ello, insiste, en un momento en el que España “no se puede permitir perder un euro ni un puesto de trabajo”.
Pero, ¿y si no se logra reducir el consumo por qué peligra el sector? Ellobby tabaquero cree que la estandarización de los formatos y sabores que, sostienen, resultaría de la nueva regulación, solo dejaría a las marcas el precio como elemento para competir. Algo que, apuntan, haría que ese precio disminuyera —con la correspondiente pérdida de beneficios— y que las empresas empezasen a comprar tabaco de peor calidad y a precio más bajo que el que, por ejemplo, se produce ahora en España. Además, asegura Páramos, la directiva provocaría la desaparición de productos como los cigarrillos finos o los mentolados y fomentaría el contrabando.
Razones y cifras que Paco Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) define como “hinchadas” y “falsas”. La regulación, indica, es, de hecho, mucho más ligera de lo que organizaciones como la suya hubieran deseado —no toca, por ejemplo, asuntos como los azúcares añadidos—. Y es que se ha ido descafeinando para evitar el bloqueo de los países contrarios, que, como República Checa, Bulgaria o Rumanía, ya han manifestado abiertamente su disgusto. Inicialmente la Comisión Europea pretendía obligar a cubrir toda la cajetilla de tabaco con imágenes disuasorias. Proponía incluso una cajetilla genérica, algo que enfureció al sector. El borrador actual es más conservador: las imágenes de, por ejemplo, unos pulmones negros, deberán ocupar el 75% del espacio. Y la cajetilla genérica se deja al criterio de cada país.
Una medida que ya funciona en Australia, y que apoyan organizaciones científicas como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), cuyos expertos asegura que cuando a los fumadores se les presentan los cigarrillos en paquetes genéricos, los perciben como “aburridos, baratos y poco sofisticados”.
España aún no tiene definida su postura sobre la directiva. El Ministerio de Sanidad coordina un grupo de trabajo en el que participan todos los implicados: Agricultura, Exteriores, Hacienda, Industria. “El cultivo de tabaco es muy importante para nosotros. Sobre todo en regiones donde mucha gente vive de él”, explica el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas. “Nos preocupa que la directiva conlleve una reducción de la producción”, añade.
La directiva está en el plazo de enmiendas en el Parlamento Europeo, y por ello aumenta la presión de las partes. Los eurodiputados aún pueden escuchar sus argumentos para diluir la norma o endurecerla. Sin embargo, critica Brian Ward, portavoz europeo de la organización internacional contra el tabaquismo Smoke Free Partnership, la lucha es muy desigual: “El sector del tabaco tiene una capacidad económica enorme y agrupa a todo tipo de industrias, desde los productores hasta los de cartón o cigarrillos electrónicos, por ejemplo”. “Nosotros tenemos pocos medios, pero sí las pruebas científicas de lo que decimos. Nos jugamos la salud de la población y la industria se juega su dinero”, añade el presidente del CNPT, que califica de “escandalosa” la reunión de las cinco autonomías con el sector en un terreno en absoluto neutral. «Quizá nuestros políticos están defendiendo más los intereses espurios de algunas industrias que la salud de los ciudadanos», apunta.
Rodríguez pone como ejemplo las palabras del presidente de La Rioja, Pedro Sanz (PP), que defendió «compaginar» el consumo «moderado y razonable» de tabaco con la actividad económica que genera este sector tabacalero. Sanz afirmó hace unos días que si Altadis –que instaló su primera fábrica en Logroño en 1890– desapareciera de su comunidad sería «un golpe bajo» y «un trauma».
Tanto los pro como los antitabaco han llamado a la puerta del eurodiputado socialista Andrés Perelló, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad y Alimentación de la Eurocámara que analiza la normativa. Reconoce que, “como todos los casos en los que hay intereses económicos”, hay presión. Pero incide en que los argumentos que manejan desde la industria son erróneos: “No es una directiva que ponga el riesgo el sector porque no toca en nada la producción. Lo que hace es establecer controles y regulación”. También lo reconocen así tanto el Ministerio de Agricultura como el de Sanidad.
