Arranca la 43 edición de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A petición del país organizador, Guatemala, se ha planteado el debate sobre la mejor forma de luchar contra los peores efectos del narcotráfico. Otto Pérez Molina, el presidente guatemalteco, considera la apertura de este debate como todo un logro: “Este es un triunfo de todos los jefes de Estado sobre un tabú, ahora se debe discutir con franqueza. Se avanzó mucho, pero tenemos que tomar decisiones regionales”.

Para contribuir al debate se ha presentado un informe titulado El problema de las drogas en las Américas, firmado por varios expertos internacionales. En el fondo del debate está la posibilidad de que se despenalicen algunas drogas, como señala el informe para el caso de la marihuana. Sus autores señalan que la violencia asociada al narcotráfico está más relacionada con el tránsito de las drogas ilegales que con el consumo, a pesar de que es en esa venta al por menor cuando más valor se genera en la cadena que arranca desde el cultivo.

Esa violencia, por un lado, está asociada a una presencia escasa y mal estructurada del Estado. Pero también hacen otras consideraciones: “Según cualquier patrón de comparación, las cifras de muertes provocadas por el consumo de drogas parecen mínimas si se cotejan con las muertes provocadas por la acción criminal vinculada al narcotráfico. El Gobierno de México estimó que entre diciembre de 2006 y enero de 2012 murieron alrededor de 60 mil personas en ese país, como resultado de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad por parte de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En el mismo período la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 563 muertes en México por sobredosis de drogas controladas”.

También plantea la posibilidad de regular las penas para que no sean los que cometen pequeños delitos quienes más paguen con penas de cárcel. Unas penas que suponen todo un reto económico no sólo por el coste, “sino por la pérdida de su potencialidad laboral. El daño se expande hacia sus familias y tendrá también repercusiones en el ciclo maduro, cuando muchos podrían carecer de recursos para sostenerse y demanden asistencia al sector público”.

La OEA no ha asumido el análisis ni las conclusiones del informe. Y sus miembros no han alcanzado un consenso sobre cómo atajar el grave problema que rodea a la producción, distribución y consumo de drogas, y a la lucha contra este negocio por parte del Estado. Sólo 18 de los 33 países de la OEA tienen un plan antidrogas. Y la falta de consenso no alcanza ni a la propuesta del informe de abordar la cuestión no sólo como un asunto referido a la seguridad, sino también a la salud pública.

A la reunión, que tendrá lugar del 4 al 6 de junio en Antigua, asistirá el secretario de Estado de los Estados Unidos, John F. Kerry. La delegación estadounidense se complementará con la presencia del delegado para Asuntos Antidroga, William Brownfield, y del director de la política antidroga de EEUU,Gil Kerlikowske.