La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, enviará al Congreso una iniciativa para discutir la despenalización al consumo de drogas antes de que termine este año, aprovechando que el oficialismo todavía tiene mayoría parlamentaria.

Fuentes de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) confirmaron a Notimex que este organismo enviará, a más tardar en noviembre, la iniciativa para su discusión en la Cámara de Diputados.

Los tiempos legislativos no permitirán que la reforma sea aprobada este año, ya que se prevé una amplia discusión social que se alargará durante 2015, en la recta final del mandato de Fernández de Kirchner que culminará en diciembre del próximo año.

El cura Juan Carlos Molina, titular de la Sedronar, abrió el debate la semana pasada, al anunciar la elaboración de un proyecto que pretende no criminalizar a los consumidores para tratarlos con un enfoque de salud.

«Yo habilitaría el consumo de todo y haría buenos centros, porque es la única forma que tenemos de luchar contra el narcotráfico. No hay otra (opción) a nivel mundial, porque siempre nos vamos a seguir mintiendo», reconoció el funcionario.

Luego, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aclaró que el gobierno no intenta legalizar la mariguana, como hizo Uruguay en diciembre pasado, sino que buscará que se deje de penar a los usuarios que poseen drogas para uso personal.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina emitió en 2009 el llamado «fallo Arriola», en el que calificó como inconstitucional la pena para el consumo de mariguana por parte de una persona adulta en un ámbito privado, lo que sentó jurisprudencia.

Sin embargo, sigue siendo común la detención de consumidores con pequeñas cantidades de drogas que engrosan las cárceles y que son tratados como delincuentes y no como enfermos, que es la visión que se discute en el ámbito internacional.

De esta manera, Argentina se suma a las nuevas estrategias para enfrentar el narcotráfico que proponen centrar esfuerzos en los traficantes y no en los consumidores.

En ese sentido, el jefe de Gabinete explicó que «la no criminalización tiende a ver a nuestro hermano, aquel que tiene un problema de adicción de drogas o alcohol, dentro de una política activa para garantizar su inclusión desde una mirada comprensiva del Estado».

Añadió que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner «lo plantea desde una visión amplia, donde convoca a todos los cultos, a los municipios, a las provincias y a todos los argentinos a recuperar a nuestro hermano, aquel que padece un problema de adicción».

La polémica fue inmediata, ya que los especialistas se dividen entre quienes apoyan la reforma y quienes consideran que, antes, el gobierno debería de reforzar las campañas de prevención porque se está enviando la idea equivocada de que «está bien consumir drogas».

El presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, envió incluso una carta al Papa Francisco para que excomulgue al cura Molina.

La discusión será a nivel institucional, entre los poderes, pues el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ya se pronunció en contra de la iniciativa, a diferencia de otro ministro del máximo órgano de justicia, Raúl Zaffaroni, quien se mostró a favor.