Cada año mueren en Panamá unas 5.500 personas sin recibir cuidados paliativos para los efectos de sus enfermedades letales, principalmente, a causa de las barreras legales y sociales al acceso a medicinas reguladas como opiáceos y psicotrópicos.

El muro que ha levantado el Congreso entre el bienestar y el dolor se suma al temor de muchos doctores que, por desconocimiento, prefieren evitar las recetas de medicamentos controlados, como la morfina, un tipo de opioide, explican especialistas a Efe.

El consumo promedio mundial de morfina, molécula patrón para medir los opiáceos, es de unos 5,9 miligramos por persona. En Panamá, esa tasa disminuye a 0,21 miligramos, frente a los 3,6 del vecino Costa Rica o los 9,5 de España, de acuerdo con el Grupo de Dolor y Estudios de Política de la Universidad de Wisconsin con base en datos de 2013.

«Para un paciente con politraumatismos, la posibilidad de tener alivio es nula en la mayoría de los hospitales del interior» del país, explica a Efe la vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, Rosa Buitrago, experta en estudios del dolor.

Para el doctor Gaspar Dacosta, asesor del ministro de Salud, Javier Terrientes, la población que sufre en la actualidad por respuestas médicas inadecuadas es extensa y cambia todos los días.

«Estamos hablando hasta de una persona con un dolor de muela» que no puede ser medicada con oxicodona por su odontólogo, apunta.

La actualización a la ley de medicamentos controlados de 1954 estableció que los fármacos con estupefacientes y psicotrópicos incluidos en las convenciones de 1961 y 1971 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) serían recetados a través de un estricto sistema.

Por ello, la posibilidad de medicar adecuadamente implica para los involucrados un difícil trámite, además de grandes riesgos, porque errores humanos en los procesos de control y en los excesivos manuscritos conllevan a sanciones que pueden sacarlos temporalmente del ejercicio.

Para garantizar el alivio a miles de personas, liberar en alguna medida el acceso a estos medicamentos y promover la formación de los doctores, el Gobierno presentó al Parlamento hace un año un proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate el jueves pasado, pero que tiene pendiente su reglamentación.

Los doctores dedicados al dolor y los cuidados paliativos en el país esperaban esta ley como lluvia en sequía. Actualmente, por ejemplo, el recetario restringido para estas sustancias les dura dos semanas.

Para los practicantes del sector público, las recetas de uso interno de los hospitales son una alternativa, pero la recurrente escasez de medicinas de este tipo en las farmacias estatales convierte esta solución en un problema, explica a Efe la coordinadora de Cuidados Paliativos de la Caja del Seguro Social (CSS), Nilsa Camaño.

Todo el sistema actual, «que raya en la inhumanidad», es propiciado en gran medida por la ley de 1954, época en la que no había un pleno desarrollo del uso de sustancias controladas y estas eran estigmatizadas, destaca Gaspar Dacosta, quien aclara que la nueva ley no suavizaría los controles que impiden el desvío de las sustancias para otros fines.

La principal misión del recién aprobado proyecto de Ley 169 de 2015 es entregar al Minsa la autoridad sobre el esquema de usos y controles de estos medicamentos, para innovar con el tiempo sin necesidad de pedir la aprobación del Parlamento en cada paso.

Pero la ley también ataca otra barrera que impide hoy día la prescripción: la «opiofobia», en palabras de Dacosta, quien trabajó en la confección de la nueva ley.

En los profesionales persiste la creencia de que los medicamentos controlados harán dependientes a los pacientes o los acercarán a una muerte voluntaria. Mitos, según la doctora Buitrago.

«Si nosotros no enseñamos al estudiante a que tiene que manejar el dolor, que es un quinto signo vital, difícilmente este va a prescribir medicamentos controlados», coincide Yolanda Vargas, doctora de Cuidados Paliativos del Instituto Oncológico Nacional.

Los casos de pacientes que por diagnósticos incorrectos aguantan dolores intensos por meses se repiten constantemente.

Especialistas como Eka Pérez-Franco, presidenta del capítulo panameño de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, atribuye la situación a las carencias de los profesionales en cuanto al tema, y cree que desde la universidad deberían ser capacitados para seguir las señales que grita el cuerpo.

Por eso, Dacosta ve el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Minsa, el cual coordina, como el primer paso hacia la distribución de estas medicinas en el país y la formación de los doctores.

En 2014, a cuatro años de su creación, el programa permitió que de las 7.500 personas que mueren al año en el país por enfermedades letales -2.500 por cáncer y 5.000 por enfermedades no oncológicas-, 2.500 recibieran cuidados paliativos en los centros de atención.

Con la nueva ley, que tendrá 90 días para reglamentarse después de promulgada, los profesionales esperan dar mejor respuesta al dolor, sin el requisito de enfrentar la muerte para merecer alivio.