La guerra contra las drogas no es una política, es una ideología, un dogma insensible a los hechos y despreciativo con las consecuencias. Es evidente que no existe una iniciativa global que haya fracasado más estrepitosamente: las medidas prohibicionistas no han reducido el suministro de droga, sino que han creado una industria lucrativa basada en la provisión de narcóticos por parte de bandas y cárteles. (En 2016, las drogas ilegales valen más, literalmente, que su peso en oro). La guerra contra la droga ha castigado a los más vulnerables de la sociedad: los pobres, las minorías raciales y étnicas, y, cada vez más, las mujeres. Es una guerra mundial -que se libra desde los campos de amapolas en Afganistán hasta las calles de Chicago- con un precio humano insoportable: sólo en América Latina, las muertes por la guerra contra la droga superan ya las provocadas por el conflicto en Siria.
Por petición de tres naciones latinoamericanas (México, Colombia y Guatemala) la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas UNGASS sobre el problema mundial de las drogas se adelantó de 2019 a 2016. Pero este sentimiento de urgencia no se reflejó en la reunión preparatoria celebrada en Viena en Marzo, donde la Comisión de Drogas Narcóticas (CND) publicó un documento que básicamente perpetúa el status quo, una posición «casi enteramente desconectada de la realidad», como dijo Ann Fordham del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas. Incluso para los observadores ocasionales de la ONU, las negociaciones de Viena siguieron un patrón similar: horas finales muy tensas, discutiendo sobre una resolución contestada, seguidas por un sentimiento anticlímax una vez publicada la resolución, con un reconocimiento sobre el consenso que sacrifica la reforma en nombre de la unidad. Afirmaciones que ponían en cuestión los fracasos en el sistema actual fueron, o bien vetadas, o bien edulcoradas.
La redacción del documento fue un proceso profundamente antidemocrático
La redacción del documento fue un proceso profundamente antidemocrático, tan poco representativo como falto de transparencia. Más de 100 estados miembros, la mayoría pertenecientes al Sur Global, no jugaron papel alguno en las negociaciones, a pesar de que estaban obligadas legalmente por los tratados internacionales a implementar políticas que les impactan de manera desproporcionada. En Nueva York, este martes 19 de Abril, no tendrán la oportunidad de debatir ni de reescribir nada, puesto que el documento se firmará al principio de la Sesión Especial. Ante este panorama, veteranos expertos parecían desmoralizados, y eran casi unánimes en la condena. Steve Rolles de la Transform Drug Policy Foundation describió el documento como «una traición profunda a muchos de los stakeholders de todo el mundo, a quienes se les había prometido diálogo».
¿Cómo puede impactar esta falta de democracia en el resultado de la UNGASS? «En argot diplomático, mandará Viena, antes que Nueva York», dice el expresidente mexicano Ernesto Zedillo refiriéndose a que el acuerdo negociado entre bambalinas bloqueará la petición de reformas. México está en el frente de batalla en la guerra contra las drogas y sus ciudadanos pueden verificar cómo las políticas de mano dura sólo han conseguido consolidar la corrupción, tanto por parte del Estado como por parte de los actores no-estatales. México lideró la presión sobre el CND para que se reconociesen las cuestiones socio-económicas que impulsan el cultivo, la producción y el tráfico, pero la geografía y la geopolítica limitan su autonomía, y la experimentación viene condicionada por un marco legal internacional estricto, que presenta muy poca flexibilidad para la monitorización de un mercado regulado. (Si se quiere impedir que se entregue el poder a los traficantes, la descriminalización de la demanda debe ir de la mano de la regulación del suministro).
Es importante encuadrar la actual guerra contra la droga en el contexto de las industrias que dependen de su perpetuación. Los Papeles de Panamá revelaron cómo gigantescos beneficios de los cárteles de la droga han sido blanqueados mientras que poseer pequeñas cantidades de marihuana puede acabar en una detención. (En 2014, 1,5 millones de norteamericanos fueron detenidos, acusados de asuntos no violentos relacionados con drogas, el 83% de los cuales por el simple hecho de poseerlas). En Europa, un número insoportable de ciudadanos (500.000) están encarcelados por delitos vinculados a los narcóticos, más que número total de personas en prisión por cualquier otro tipo de crimen en Europa occidental. El sistema penitenciario privatizado vive del encarcelamiento masivo, de la misma manera que viven de ello los sindicatos de guardias penitenciarios, que financian las campañas anti-legalización. Los EE.UU. gastan 50.000 millones de dólares al año en luchar contra la droga: recibirían casi la misma suma de dinero si las drogas tuvieran un impuesto similar al del tabaco y el alcohol. Los norteamericanos saben que la prohibición de las drogas ha sido tan exitosa como la prohibición del alcohol: el 70% rechazan la política actual, mientras que un 50% está a favor de la descriminalización.
Hay alternativas viables
Ha llegado la hora de una aproximación centrada en la salud pública más que en la justicia criminal. El mercado de la droga, sin regulación y sin licencia, es la forma más pura y más mortífera del capitalismo, que prioriza el beneficio por encima de todo.Al trasladar la administración de drogas desde los profesionales de la salud hacia los traficantes sin escrúpulos, la prohibición ha aumentado la probabilidad de cometer un crimen, llevando a muchas personas vulnerables a delinquir. Además, ha impedido que se investiguen tratamientos que pueden salvar muchas vidas. El profesor David Nutt ha descrito la prohibición de la investigación sobre psicodélicos como «la oportunidad perdida más grande de la historia de la medicina». Algunos descubrimientos neurocientíficos recientes han subrayado el potencial del LSD y la psilocibina (hongos mágicos) para tratar la depresión y abordar las adicciones, con un éxito particularmente espectacular en la cura del alcoholismo.
Existen alternativas viables. Gravar con impuestos el consumo y reinvertir los ingresos en la prevención y el tratamiento ha dado resultados positivos. Portugal implementó esta política hace 15 años, y ha visto reducirse en un 50% el uso de droga inyectada. El reciente éxito -social y físicamente- de la descriminalización del cannabis en cuatro estados norteamericanos representa una comprensión creciente de las virtudes de la regulación. Aunque la ley federal continúa inflexible y los tratados internacionales siguen siendo vinculantes, los EE.UU. están siendo menos feroces en la implementación. En contra de la ley internacional, Uruguay ha descriminalizado el cannabis, mientras que Canadá se ha comprometido a regularlo, y se están considerando proposiciones legislativas en todo el mundo. De manera significativa, son los estados autoritarios (China, Rusia e Irán) quienes están presionando para endurecer el prohibicionismo y las políticas punitivas. Esta divergencia de opiniones está creando tensión, lo que se pondrá en evidencia en el UNGASS. Tal como Alex Wodak de la Australian Drug Law Reform Foundation señala, «el consenso internacional se ha roto de una manera irreversible y las fracturas son múltiples, profundas, severas e irreparables».
Durante los próximos días, estaré hablando con un amplio abanico de voces dentro y alrededor de la Sesión Especial, lo que incluirá representantes de gobiernos, activistas de la sociedad civil, y testigos llegados del frente de la guerra contra las drogas. ¿Tomarán los líderes mundiales en cuenta los argumentos en favor de la reforma basados en la pura evidencia? Ya conocemos el coste formidable de no hacer nada: millones de vidas arruinadas, miles de millones de dólares perdidos. Como un famoso usuario de LSD observara una vez: «la definición de la locura es hacer algo una y otra vez esperando que acabe produciendo un resultado distinto».
