En una declaración hecha pública la pasada semana, el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, muestra su optimismo porque la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, en sus siglas en inglés) sobre el problema mundial de las drogas sea una oportunidad para poner la salud pública y los derechos humanos en el centro del debate y que en el encuentro puedan establecerse políticas sobre drogas que permitan mejorar los resultados de salud.
El disponer de unas buenas políticas sobre drogas puede tener diversos efectos beneficiosos, como garantizar que se produzca una inversión adecuada en servicios de atención esenciales para las personas usuarias de drogas, como son los relacionados con el VIH, la tuberculosis y la salud sexual y reproductiva. Estas políticas también permiten garantizar que se destinen fondos a los programas de reducción de daños y para la protección de los derechos humanos en lugar de limitarse a penalizar a las personas que consumen drogas.
Las personas usuarias de drogas intravenosas (UDI) con frecuencia no solo sufren discriminación, marginación y abuso, sino que también suelen tener más dificultad para acceder a los servicios de atención, apoyo, tratamiento y prevención del VIH. El hecho de que este comportamiento esté penalizado en muchos países (incluso con encarcelamientos) limita aún más el acceso a puntos donde se ofrezcan servicios integrales del VIH. Por otro lado, intervenciones de probada eficacia, como el intercambio de jeringuillas en prisión han sufrido un notable retroceso y solo ocho países en el mundo ofrecen esta intervención de reducción de daños en al menos un centro penitenciario de su territorio.
En el documento se señala que demasiados países siguen manteniendo un enfoque sobre las drogas basado en la prohibición y la criminalización, a pesar de que cada vez hay más pruebas de las limitaciones y los perjuicios de esta estrategia. Por ello, es necesario reformar las políticas de drogas para eliminar las barreras que dificultan la implementación de unos adecuados servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH.
Hasta que no se produzca una reforma de estas políticas, será necesario también dedicar esfuerzos a garantizar la continuidad de los tratamiento antirretrovirales y antituberculosos, de los programas de intercambio de jeringuillas y de los programas de sustitución de opiáceos en todas las etapas: tras el arresto, durante la detección antes del juicio, en la transferencia a prisión y dentro del sistema penitenciario y después de la liberación de la persona. Por tanto, la organización considera fundamental promocionar alternativas a la detención y ofrecer programas de reducción de daños tanto en la comunidad como en esos entornos.
El Fondo Mundial reconoce la importancia de implantar un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el VIH, la tuberculosis y la malaria, especialmente en el caso de las poblaciones en situación de mayor riesgo, como las personas usuarias de drogas inyectables. En su declaración afirman que la negación de las intervenciones de reducción de daños, que resultan esenciales y tienen la capacidad de salvar vidas, constituye una violación del derecho humano a disfrutar del estándar de salud más elevado. Las legislaciones y políticas discriminatorias pueden aumentar la estigmatización y marginalizar esta población, como las normas que excluyen a las personas usuarias de drogas en activo del uso de la terapia antirretroviral.
