Son una minoría. Solo el 5% de los consumidores de sustancias psicoactivas están literalmente en la calle, en situación de abuso, enfermedad, abandonados e incapaces de laborar.
Según cifras del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) entre 3.000 y 5.000 personas son dependientes de las drogas y están en condición de calle.
Es difícil tener el dato exacto «porque muchos entran y salen de las calles constantemente», explica María José Rodríguez, trabajadora social de Instituto Nacional de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y coordinadora de la Comisión Nacional del Modelo de Reducción de Daños, creada recientemente.
La atención humanitaria de estas personas está en el ojo de la médica Giselle Amador, ex directora de IAFA, y del antropólogo social Ernesto Cortés, director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID).
En reciente publicación, titulada «Políticas de drogas y salud pública: ¿Costa Rica ha hecho lo suficiente?», los investigadores claman por hacer cumplir «la legislación costarricense que determina que el consumo de drogas es un problema de salud pública y el Estado debe garantizar el acceso universal de los servicios».
Es necesario salir a buscar a los dependientes en las calles, ya que por su misma adicción, ellos no pueden desplazarse a los centros de salud, explicó Cortés.
La Ley General de Psicotrópicos (de 2001) estipula que la Caja Costarricense del Seguro Social debe crear centros especializados en la atención de los farmacodependientes en un plazo máximo de 4 años, y delega en el IAFA la atención en salud de las personas dependientes de drogas para lo cual se creó un centro de menores y 11 centros de atención integral (CAID), alrededor del país.
Para Cortés, el derecho a la salud de las personas dependientes va más allá de asegurar el acceso a instalaciones, artículos y servicios de salud, sino que debe evitar toda forma de discriminación.
El hecho de que una persona consuma drogas no es limitante de sus derechos ni se soluciona con el encarcelamiento, comentó el experto. La Sala III de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no se puede privar de libertad a personas que tengan hasta 200 gramos de marihuana o de cocaína para consumo personal, añadió.
¿Qué viene?
María José Rodríguez recalcó que existe una Red Nacional de Reducción de Daños integrada por el IAFA, el ICD, el IMAS, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y la Asociación para el Estudio e Intervención en Drogas (ASEID).
Para antes de 2018 está programada la creación de 20 unidades de atención integradas por 4 profesionales en medicina, enfermería, trabajado social y psicología, directamente contratados por la CCSS.
Además, se piensa comprar una unidad móvil para desplazarse a diferentes puntos, motivar el cambio e incentivar el internamiento de los adictos.
La Ley General de Psicotrópicos autoriza el internamiento obligatorio con autorización. Sin embargo, Cortés estima que se debe evitar toda forma de criminalización, inclusive el internamiento forzado, y más bien garantizar enfoques comprensivos para el paciente con diagnósticos integrales de todo su proceso bio-psico-social.
Nuestra legislación no penaliza el consumo de drogas; sí lo hace con el cultivo, la producción, el tráfico, enriquecimiento ilícito y otras formas que comprende el trasiego de estupefacientes.
Fenómeno cercano con rostro de mujer
Lamentablemente las mujeres pertenecen a los grupos más afectados.
Los delitos por drogas generan el 26% de la población encarcelada en Costa Rica, pero el 75% de las privadas de libertad lo están por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que el fenómeno de las drogas es transversal, abarca economía, desarrollo humano y paradigmas mentales. No cambia nada «decir que las drogas son malas; ya los jóvenes lo saben, y en ciertas comunidades es insultar a su tío, su abuelo, su mamá o su padre».
La Asociación Costarricense para el Estudio e intervención en Drogas (ACEID) promueve que para el 2020, el 10 % de los recursos globales invertidos en las políticas de control de drogas se destinen a la de prevención, detección e intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, reintegración social y los servicios complementarios para las personas los consumidores, sus familias y las comunidades, ya que actualmente la mayoría de recursos son destinados al combate del narcotráfico.
