Canadá aprueba la legalización del uso recreativo del cannabis. Portugal hace lo propio, aunque con fines medicinales. Cada vez más estados de EE UU permiten su venta y consumo, ya sea para tratar dolencias o con fines lúdicos. Uruguay, Israel, Alemania… la lista de países que avanzan en la regulación del cultivo, compra, venta y consumo de plantas de marihuana crece y crece. ¿Y España? Bien, gracias.

La última modificación legislativa relativa al cannabis llegó con la aprobación de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana (la ley mordaza), en 2015, y no fue precisamente un paso adelante. En un marco legal bastante ambiguo respecto al autocultivo (legal no es), el PP endureció un poco más una norma ya de por sí restrictiva: no se pueden tener plantas de marihuana en espacios visibles desde lugares públicos, como balcones o terrazas.

Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la comisión de Sanidad del Congreso y autor de una propuesta (paralizada) para permitir el uso terapéutico de esta planta, resume la situación actual con contundencia: «Tenemos la peor legislación del mundo», sentencia. «Una regulación prohibicionista, pero más consumo que en Holanda, donde es legal. Ni hay libertad ni hay consumo bajo, no tenemos nada».

Al menos ahora, a raíz de los diferentes casos que se van dando por el mundo, se habla del tema. Gracias también a Pablo Iglesias y su capacidad, por las adhesiones y rechazos que provoca, de marcar la agenda.

El líder de Podemos provocó el martes un pequeño revuelo con dos simples tuits. En el primero calificaba de «absurdo» que se pudiera comprar tequila en un supermercado mientras la marihuana es ilegal, y se hacía eco de la propuesta de su compañero de partido Jorge Moruno en el que abogaba por exportar cannabis con denominación de origen. Más tarde añadiría que «una empresa pública (…) generaría ingentes ingresos al Estado» que podrían utilizarse para mejorar la Sanidad.

La propuesta, en esos términos, no cayó excesivamente bien ni siquiera entre los defensores de la legalización (en alguna forma) del cannabis, aunque todos saludan que se genere debate sobre la cuestión.

«Se podrían haber utilizado más argumentos»

«Agradecemos mucho que Iglesias ponga el asunto sobre la mesa», arranca Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y de la asociación de ayuda a enfermos Dos Emociones. «Pero al lanzar el mensaje se podrían haber utilizado más argumentos, como la libertad de los individuos, la importancia del cannabis medicinal y lo que aporta y hablar de la prevención de riesgos también», valora.

«No nos parece correcto poner una sustancia al servicio del mercado sin más», critica Eric Asensio, secretario de CatFac, la federación de asociaciones cannábicas de Cataluña, la propuesta de Iglesias. «Hay que aprender de los errores cometidos con otras sustancias como el alcohol o el tabaco, si no, nos estaremos arrepintiendo en diez años», argumenta. «Nuestra propuesta estaría basada en un modelo restrictivo de reducción de riegos y educación del usuario», añade.

David Rabé, exsecretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas, cree que antes de pensar en exportar directamente «habría que regular el uso particular y terapéutico del cannabis, que los usuarios puedan acceder a la planta, regular cuántas se pueden plantar en casa. Hay que centrarse en el consumidor», opina.

Desde Podemos matizan. «Nuestra propuesta es por la regulación integral, lúdica y terapéutica. En el caso del uso terapéutico es una cuestión de derechos humanos, en tanto que hay evidencia científica de que el cannabis posee propiedades que sirven como paliativo para determinadas patologías», explican fuentes del partido, que conceden también que «en el plano económico supondría un gran revulsivo para la reactivación económica y la recuperación del mundo rural», ahondando en las ideas lanzadas por Iglesias.

La situación actual es que, con carácter general, la posesión de cannabis está prohibida en España. No se puede consumir ni transportar por la vía pública. En casa es diferente. Aunque tener plantas no está permitido, se suele hacer la vista gorda si se considera que son para uso personal. Tampoco puede la policía entrar sin una orden del juez.

En España, un 9,5% de la población declara haber consumido cannabis en algún momento en el último año, cifra que cae hasta el 7,3% si se pregunta por el último mes y hasta el 2,1% si se buscan consumidores diarios. Sin embargo, con una foto fija del consumo bastante estable en los últimos años, las incautaciones de plantas se han multiplicado por tres en los últimos cinco años. La sociedad, al menos la del futuro, parece dispuesta a dar el paso: el 60% de los jóvenes apuesta por regular la producción y venta de cannabis, según una encuesta de la FAD.

Sea siguiendo el modelo canadiense (con un enfoque más economicista) o el uruguayo (más enfocado al consumidor), cada vez más voces apuestan por una regulación del cannabis. Los hay que piden la despenalización con fines terapéuticos, como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), y los hay que luchan por la legalidad del consumo recreativo. Entre estas últimas voces está, por ejemplo, la exdirectora general del Plan Nacional sobre Drogas, Araceli Manjón-Cabeza.

Sin avances

Sin embargo, la situación actual, las posturas de unos y otros y los movimientos que (no) se están haciendo no llaman al optimismo de los pro-regulación. La propuesta de C’s para regular el uso terapéutico está paralizada en el Congreso —culpan a PSOE y PP de ello—, esperando su turno. Dice su impulsor, Igea, que quieren reactivarla aprovechando el cambio de Gobierno «porque ha cambiado la situación».

Las similitudes con Podemos son notables en esta materia. El partido de Iglesias también ha presentado una propuesta, también culpa al PP de su bloqueo y también considera que «en este nuevo tiempo político (…) se dan mucho mejores condiciones» para que se apruebe. «Claramente nos estamos quedando atrás en cuanto a legislación, no hay más que observar el panorama internacional», rematan.

Sobre el papel y en declaraciones todos los partidos dicen ser partidarios de la regulación, o al menos de estudiarla, pero la situación no avanza. Ni un poco. «Parece que te dicen que sí para que te quedes callada», lamenta Pérez, del OECM. «Hace casi un año los cuatro grandes partidos nos dijeron que sí, pero luego PP y PSOE lo paralizaron. Y sabemos que, cuando se quiere, se meten asuntos en la agenda rápidamente».

¿Apoyaría Ciudadanos una regulación total del cannabis, incluido el uso recreativo? «No nos parecería mal replantearnos la legislación en global porque tenemos la peor del mundo», responde sin llegar a mojarse. «Pero, desde luego, el uso terapéutico es prioritario. Nos estamos quedando atrás en la solución de un problema muy gordo frente al que no hacemos más que cerrar los ojos», sostiene.

Desde el PSOE, partido del Gobierno, se mueven con prudencia. Jesús María Fernández, su portavoz en Sanidad, explica que son partidarios de «un abordaje integral del tema, pero no solo para hablar del terapéutico o la regulación del autoconsumo, también para abordar la problemática de la prevención de su consumo entre la población joven».

Igea, médico de formación, es consciente de la situación y por eso cree urgente abordarla. «Se está banalizando el consumo», afirma. En esto coincide con Fernández. «Y lo que no se puede hacer con problemas serios como este es banalizarlos. El cannabis no es inocuo y tener un alto consumo trae consecuencias. Pero ahora no tenemos ni un bajo consumo ni libertad personal, no tenemos nada», añade Igea.

Por eso los portavoces de las asociaciones son cautos. «Ofrecer un producto comercial sin una educación previa que haga al usuario final responsable de su consumo es un error», afirma Asensio, de CatFac, y cita el modelo catalán, donde los responsables de las asociaciones de consumidores de cannabis (un fenómeno creciente en España al amparo de la ambigüedad normativa) pasan un cursillo para aprender sobre la planta, las sustancias que contiene y posibles problemas que puede ocasionar.

Entre que se regula o más bien que no se regula, los usuarios de cannabis se buscan la vida. Los que defienden un uso recreativo,  acudiendo a alguno de los más de mil clubes que ya hay por España o en la calle. Los terapéuticos lo tienen peor. No les sirve cualquier cosa. «El 17% de la población española tiene dolor. ¿Cuántas personas hay con cáncer, con fibriomialgia?», reflexiona Pérez. A muchas de ellas podría ayudar el cannabis medicinal.

«Hay compañías creando productos, se está haciendo un gran mercado. Pero el paciente —y el usuario lúdico— estamos dejados de la mano de dios. Mucha gente que podría tener un buen asesoramiento, conocer las contraindicaciones o saber qué aceites tomar para su dolor no están recibiendo esa información. No hacer eso es omisión de socorro. Esto es una realidad que hay que abordar de una vez», zanja.

Nota: artículo original publicado en eldiario.es